La laicidad no se resume a la ausencia de religión de Estado. Varias decenas de constituciones en el mundo mencionan un principio de separación o de neutralidad religiosa, pero el funcionamiento real de estos regímenes varía hasta el punto de hacer imposible cualquier conteo definitivo.
La dificultad radica en un problema de categorización jurídica: un Estado puede declararse laico en su constitución mientras financia cultos, impone una enseñanza religiosa o restringe ciertas prácticas en nombre del orden público.
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Laicidad constitucional y regulación de seguridad: el caso de África Occidental
Desde hace algunos años, observamos una mutación del concepto de laicidad en varios Estados de África Occidental. El caso de Burkina Faso ilustra un deslizamiento notable: se ha adoptado una nueva ley sobre libertades religiosas por unanimidad por los diputados de la Asamblea Legislativa de Transición. El objetivo declarado es ser más riguroso en la práctica religiosa dentro de un Estado laico confrontado al terrorismo.
Este precedente merece atención. La laicidad se convierte en un instrumento de regulación de seguridad de las religiones, no solo en un marco de neutralidad. La separación Estado-cultos ya no busca únicamente proteger la libertad de conciencia, sino encuadrar prácticas consideradas desestabilizadoras para la seguridad nacional.
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Este enfoque se aleja del modelo clásico de separación heredado de la ley francesa de 1905. Plantea una cuestión técnica que las clasificaciones habituales no resuelven: ¿un Estado que restringe el ejercicio religioso en nombre de la laicidad sigue siendo laico en el sentido liberal del término, o se inclina hacia un control estatal del hecho religioso? Determinar cuántos países laicos en el mundo responden a uno u otro de estos modelos supone primero resolver este criterio.
Separación formal contra neutralidad efectiva: marco de lectura técnica
El derecho constitucional comparado distingue al menos tres configuraciones que todas se reclaman de la laicidad, pero funcionan de manera diferente.
- Separación estricta: el Estado no financia ningún culto, no reconoce ninguna religión y limita la expresión religiosa a la esfera privada. Francia después de 1905 es el modelo más citado, con la ley de separación de las Iglesias y del Estado.
- Neutralidad cooperativa: el Estado no profesa ninguna religión oficial pero colabora con los cultos (financiación de capellanías, concordatos locales, enseñanza religiosa opcional). Alemania, Bélgica o Suiza según los cantones se inscriben en este esquema.
- Laicidad proclamada, práctica ambigua: la constitución menciona la laicidad, pero el derecho de familia, el código penal o el sistema educativo integran normas de origen religioso. Varios Estados de África subsahariana y de Asia central entran en esta categoría.
La trampa frecuente en los rankings consiste en sumar todas las constituciones que mencionan la palabra “laico” o “secular” sin verificar la práctica efectiva. La mención constitucional no garantiza la neutralidad real del Estado.
Iglesias de Estado y culturas secularizadas: el paradoja escandinava
Los países escandinavos complican cualquier intento de clasificación por ejemplaridad. Dinamarca, Noruega e Islandia conservan una Iglesia vinculada al Estado o un legado institucional religioso. Suecia ha puesto fin oficialmente al patrocinio estatal de su Iglesia en 2000. Estos cuatro países garantizan la libertad de religión a través de su constitución.
Sin embargo, su población presenta una de las tasas de práctica religiosa más bajas del mundo. La secularización de la sociedad está claramente más avanzada que en Estados formalmente laicos. Un país sin separación jurídica estricta puede ser más secular que un país constitucionalmente laico.
Observamos que la presencia de una Iglesia de Estado no ha impedido la adopción de legislaciones progresistas sobre los derechos individuales. Por el contrario, algunos Estados que se declaran laicos mantienen restricciones sobre la libertad de conciencia o sobre la apostasía.
Francia y repúblicas laicas: especificidades del modelo de separación
Francia sigue siendo la referencia histórica en materia de separación estricta entre Estado y cultos. La ley de 1905 constituye la base jurídica: la República no reconoce, no remunera ni subvenciona ningún culto. Este principio ha sido consolidado por su inscripción en la Constitución de la V República.
El modelo francés se distingue por la prohibición de signos religiosos en ciertos espacios públicos (escuelas, función pública). Este enfoque no tiene un equivalente exacto en otras democracias occidentales, donde la libertad de expresión religiosa en el espacio público está generalmente protegida.
Otras repúblicas han inscrito la laicidad en su texto fundamental: México, Turquía, India, Portugal o Brasil. Cada una la aplica según su historia política y su relación con las instituciones religiosas. Turquía, por ejemplo, ha desarrollado un aparato estatal de gestión de cultos (la Diyanet) que controla el islam sunnita mientras se declara laica.
Por qué ningún ranking mundial de la laicidad tiene consenso
Tres obstáculos técnicos impiden establecer un ranking fiable de los países laicos más ejemplares.
El primero es la ausencia de una definición jurídica internacional unificada. La laicidad francesa, el secularism anglosajón y la laicidad latinoamericana no abarcan las mismas realidades normativas. Comparar Francia e India bajo un mismo criterio supone ajustes metodológicos que la mayoría de los rankings no detallan.
El segundo obstáculo se refiere a la distinción entre el derecho positivo y la práctica. Un Estado puede mostrar una constitución impecable y tolerar discriminaciones religiosas sistémicas, o financiar cultos a través de mecanismos indirectos (ventajas fiscales, subvenciones culturales).
El tercero se refiere a la rápida evolución de las legislaciones nacionales. La tendencia observada en Burkina Faso, donde la laicidad justifica un encuadramiento reforzado de las prácticas religiosas, modifica la cartografía clásica. Estados considerados laicos hace diez años pueden hoy inclinarse hacia un modelo de control estatal de lo religioso.
La ejemplaridad depende, por lo tanto, del criterio retenido: máxima libertad de conciencia, neutralidad de financiación, igualdad de trato entre cultos, o ausencia de toda referencia religiosa en el derecho civil. Ningún Estado marca todas estas casillas simultáneamente. Francia falla en Alsacia-Mosela y su concordato local, Suecia en su antigua Iglesia de Estado, India en las leyes personales comunitarias.